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La defensa de Adorni explicó el origen de sus USD 591 mil en bitcoin

Manuel Adorni presentó ante la Justicia la explicación patrimonial que elaboró junto con su defensa, después de que el fiscal federal Gerardo Pollicita detectara diferencias entre los bienes declarados y los movimientos económicos de su grupo familiar.

El escrito atribuye el grueso de la fortuna a operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.

Según la presentación, el ex jefe de Gabinete llegó a reunir USD 591.544,61 mediante la compra y posterior venta de criptomonedas. Esos activos fueron administrados a través de ocho billeteras virtuales que no figuran a su nombre, aunque Adorni aseguró tener las claves privadas para operar sobre ellas.

Una inversión concentrada en 2017

La defensa sostuvo que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, acumularon ahorros durante más de una década de actividad profesional privada. El matrimonio también incluyó en su explicación parte del dinero que ambos habían recibido junto con el hermano de Adorni tras la muerte de su padre, ocurrida en 2002.

El primer desembolso en criptomonedas habría sido de USD 1.897,20 en 2014. La mayor parte de la inversión se concretó en 2017, cuando destinaron USD 199.883,20, una suma que representó más del 99% del capital total invertido. De acuerdo con el escrito, las compras se realizaron de manera presencial, con dólares en efectivo y sin intermediarios regulados, debido a la falta de plataformas formales disponibles en el país durante esos años.

Tras la revalorización del Bitcoin a fines de 2017, el matrimonio desarmó sus posiciones. La defensa afirmó que el objetivo era preservar fondos para la educación y el futuro de sus hijos. También sostuvo que ambos mantuvieron esos recursos casi sin utilizar hasta diciembre de 2023, cuando Adorni llegó al poder.

El recorrido por ocho billeteras

Las direcciones informadas registraron actividad exclusivamente entre 2014 y 2018 y quedaron vacías después de las operaciones de venta. La defensa indicó que el dinero obtenido nunca ingresó al sistema bancario: permaneció en efectivo y fue guardado en el domicilio familiar.

Para respaldar que las billeteras le pertenecen, Adorni certificó ante un escribano que conserva las claves privadas. Se trata de carteras de autocustodia, que no dependen de exchanges centralizados y, por eso, no tienen un titular identificado, un registro de identidad ni un nombre asociado.

El abogado Matías Ledesma planteó que la posesión de esas claves acredita la titularidad y entregó los códigos en un sobre cerrado y lacrado, para que sea abierto solo si la investigación lo requiere.

La defensa calculó que, para fines de 2025, quedaban USD 209.961,52 de aquel capital. El resto habría sido utilizado desde diciembre de 2023 para afrontar viajes, compras de vehículos, operaciones inmobiliarias y obras de refacción. Entre los gastos mencionados aparecen el lote 380 del country Indio Cuá, su remodelación y un departamento ubicado en la calle Miró al 550, en Caballito.

Las diferencias que analiza la fiscalía

El documento presentado tiene 78 páginas y tres anexos. Pollicita había señalado una diferencia de $43.068.549 y un flujo de USD 402.578,12 que no tendría una correspondencia directa con los ingresos lícitos declarados. Luego de recibir la respuesta, el fiscal deberá evaluar si todavía existen elementos para pedir la declaración indagatoria de Adorni ante el juez Ariel Lijo.

Otro punto bajo análisis son dos deudas declaradas en 2023 con el Banco de Galicia: una personal por $6.429.000 y otra de Angeletti por $3.903.000. Como dejaron de aparecer en las declaraciones posteriores, la fiscalía pidió conocer cómo fueron canceladas. La defensa respondió que los pasivos eran inexistentes y atribuyó su inclusión a un error material de carga. También informó que Adorni presentó declaraciones rectificativas el 10 de junio de 2026 y pagó los impuestos correspondientes.

Pollicita además pidió documentación sobre préstamos atribuidos a dos familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo. La defensa admitió que no hay contratos escritos, transferencias bancarias ni constancias con fecha cierta, pero sostuvo que los mutuos entre familiares no requieren formalidades especiales y que las propias declaraciones juradas constituyen el respaldo de esas operaciones.

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